CONGRESO ACNUR considera 'preocupantes' varios artículos
La ONU critica la nueva Ley de Asilo
Hoy comienza a tramitarse en las Cortes
El año pasado cayó un 41% la cifra de solicitantes
Se concedieron 151 estatutos de asilo, el dato más bajo desde 1984
Se rechazó el 94% de las peticiones La ONU no está contenta con la reforma española de Ley de Asilo que hoy empieza a tramitarse en las Cortes. A través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), ha manifestado en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que varios artículos del actual proyecto de ley son «preocupantes» y «mejorables» y «se encuentran por debajo de los estándares mínimos» dispuestos en la UE.
Así se ha expresado esta mañana Maricela Daniel, representante de ACNUR en España, que ha dicho que el texto, tal y como está actualmente redactado, «requiere de modificaciones relevantes para considerarse que tiene un nivel adecuado de garantías».
«Nos preocupa que el proyecto de ley amplíe disposiciones más allá de lo permitido por el derecho internacional e incluso de las directivas europeas», ha destacado ante los representantes de los distintos grupos parlamentarios.
Por ello, ha exigido varios cambios en el articulado aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, «sin los cuales no puede considerarse que sea acorde con los derechos internacionales».
Para los ciudadanos comunitarios
Pide, por ejemplo, que se retire el artículo 1, que niega a los ciudadanos comunitarios la posibilidad de solicitar asilo en España. «Si bien ACNUR entiende que la UE es un espacio de libertades comunes, recomienda que no se vulnere el principio de no discriminación».
ACNUR siente también una «gran preocupación» por el procedimiento de asilo propuesto, que, en su opinión, no plantea «una comprensión clara». Recomienda, por tanto, que sea un proceso «más simplificado y definido» para que el solicitante «tenga claridad sobre el curso de procedimiento y sus consecuencias jurídicas en cada momento».
Asimismo, recomienda que se revisen las cláusulas de exclusión del estatuto de refugiado, alertando de «las graves consecuencias que lleva la exclusión de la protección internacional», y también ha pedido la supresión de algunas causas de revocación del asilo.
La Ley de Asilo se está reformando justo cuando se cumplen 25 años desde la primera norma, aprobada en 1984, con el fin de adaptarla ahora a diversas directivas europeas. El Congreso ha comenzado hoy sus trabajos escuchando las opiniones de diferentes colectivos sociales, que han expresado, todos ellos, sus críticas al proyecto propuesto.
Mauricio Valiente, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha enumerado una serie de «retrocesos», como la desaparición de la posibilidad de solicitar asilo en España desde nuestras embajadas o consulados; el hecho de que se devalúe el papel de ACNUR en el procedimiento; el «debilitamiento» de la asistencia letrada, o el plazo fijado para solicitar asilo -un mes-, que «va a restringir el acceso al procedimiento».
Descartar peticiones
Según CEAR, la nueva ley «avanza en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en lugar de reforzar el estudio de los casos, incrementa el margen de maniobra del Ministerio del Interior para descartar peticiones de protección internacional sin una valoración suficiente y justa».
Y es que esta ONG considera que el derecho de asilo pasa actualmente por una «situación de crisis». El año pasado cayó un 41% la cifra de solicitantes de asilo en España: de los 7.664 de 2007 se pasó a 4.516, la cifra más baja desde 1989. Más de la mitad de los solicitantes fueron inadmitidos a trámite. Al final, apenas se concedieron 151 estatutos de asilo, el dato más bajo desde 1984. En otras palabras, se rechazó el 94% de las peticiones.
María Serrano, de Amnistía Internacional, también ha expresado sus «preocupaciones» por varias disposiciones, algunas «contrarias a los tratados internacionales y, en especial, a la Convención de Ginebra». En el mismo sentido se han pronunciado Enrique Barbero, de ACCEM, Concepción Colomo, de Médicos del Mundo. También han criticado la ley José Luis Nyumba, de la Fundación Acsar, y Víctor Sáez, de Ferine.
Los representantes de todos los grupos parlamentarios han confiado en que la redacción final sea debidamente consensuada y eleve los niveles de protección para los refugiados. Toda la oposición está en contra del actual texto.
La ONU critica la nueva Ley de Asilo
Hoy comienza a tramitarse en las Cortes
El año pasado cayó un 41% la cifra de solicitantes
Se concedieron 151 estatutos de asilo, el dato más bajo desde 1984
Se rechazó el 94% de las peticiones La ONU no está contenta con la reforma española de Ley de Asilo que hoy empieza a tramitarse en las Cortes. A través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), ha manifestado en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que varios artículos del actual proyecto de ley son «preocupantes» y «mejorables» y «se encuentran por debajo de los estándares mínimos» dispuestos en la UE.
Así se ha expresado esta mañana Maricela Daniel, representante de ACNUR en España, que ha dicho que el texto, tal y como está actualmente redactado, «requiere de modificaciones relevantes para considerarse que tiene un nivel adecuado de garantías».
«Nos preocupa que el proyecto de ley amplíe disposiciones más allá de lo permitido por el derecho internacional e incluso de las directivas europeas», ha destacado ante los representantes de los distintos grupos parlamentarios.
Por ello, ha exigido varios cambios en el articulado aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre, «sin los cuales no puede considerarse que sea acorde con los derechos internacionales».
Para los ciudadanos comunitarios
Pide, por ejemplo, que se retire el artículo 1, que niega a los ciudadanos comunitarios la posibilidad de solicitar asilo en España. «Si bien ACNUR entiende que la UE es un espacio de libertades comunes, recomienda que no se vulnere el principio de no discriminación».
ACNUR siente también una «gran preocupación» por el procedimiento de asilo propuesto, que, en su opinión, no plantea «una comprensión clara». Recomienda, por tanto, que sea un proceso «más simplificado y definido» para que el solicitante «tenga claridad sobre el curso de procedimiento y sus consecuencias jurídicas en cada momento».
Asimismo, recomienda que se revisen las cláusulas de exclusión del estatuto de refugiado, alertando de «las graves consecuencias que lleva la exclusión de la protección internacional», y también ha pedido la supresión de algunas causas de revocación del asilo.
La Ley de Asilo se está reformando justo cuando se cumplen 25 años desde la primera norma, aprobada en 1984, con el fin de adaptarla ahora a diversas directivas europeas. El Congreso ha comenzado hoy sus trabajos escuchando las opiniones de diferentes colectivos sociales, que han expresado, todos ellos, sus críticas al proyecto propuesto.
Mauricio Valiente, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha enumerado una serie de «retrocesos», como la desaparición de la posibilidad de solicitar asilo en España desde nuestras embajadas o consulados; el hecho de que se devalúe el papel de ACNUR en el procedimiento; el «debilitamiento» de la asistencia letrada, o el plazo fijado para solicitar asilo -un mes-, que «va a restringir el acceso al procedimiento».
Descartar peticiones
Según CEAR, la nueva ley «avanza en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en lugar de reforzar el estudio de los casos, incrementa el margen de maniobra del Ministerio del Interior para descartar peticiones de protección internacional sin una valoración suficiente y justa».
Y es que esta ONG considera que el derecho de asilo pasa actualmente por una «situación de crisis». El año pasado cayó un 41% la cifra de solicitantes de asilo en España: de los 7.664 de 2007 se pasó a 4.516, la cifra más baja desde 1989. Más de la mitad de los solicitantes fueron inadmitidos a trámite. Al final, apenas se concedieron 151 estatutos de asilo, el dato más bajo desde 1984. En otras palabras, se rechazó el 94% de las peticiones.
María Serrano, de Amnistía Internacional, también ha expresado sus «preocupaciones» por varias disposiciones, algunas «contrarias a los tratados internacionales y, en especial, a la Convención de Ginebra». En el mismo sentido se han pronunciado Enrique Barbero, de ACCEM, Concepción Colomo, de Médicos del Mundo. También han criticado la ley José Luis Nyumba, de la Fundación Acsar, y Víctor Sáez, de Ferine.
Los representantes de todos los grupos parlamentarios han confiado en que la redacción final sea debidamente consensuada y eleve los niveles de protección para los refugiados. Toda la oposición está en contra del actual texto.
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